Argentina:
Comienza en Córdoba el juicio del centro clandestino "La Perla"
Irina Santesteban
El próximo 27 de noviembre comenzará en los Tribunales Federales de Córdoba, el juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en el ex centro clandestino de detención "La Perla".
El terrorismo de Estado en la Argentina tuvo uno de sus centros en la ciudad de Córdoba, y no comenzó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En esta ciudad, el 27 de febrero de 1974, una asonada policial al mando del comisario Antonio Domingo Navarro, depuso al gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y a su vice, el sindicalista de la UTA, Atilio López. Córdoba se transformó así en una especie de "prueba de laboratorio" para la represión paraestatal que luego asolaría los grandes urbanos, con la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina ó "Triple A", que respondía al entonces ministro de Bienestar Social, José "Brujo" López Rega.
Una de las víctimas de la Triple A, que en Córdoba funcionaba bajo la denominación de Comando Libertadores de América, fue Atilio López, quien cayó asesinado a balazos mientras se encontraba en Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1974.
Mientras se anunciaba el inicio de este nuevo proceso por los crímenes de la dictadura, ayer comenzó un homenaje en dos jornadas, al ex gobernador depuesto en 1974, Ricardo Obregón Cano, en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba.
La Perla
Durante la vigencia del terrorismo de Estado de la dictadura militar de 1976-1983, funcionaron en el territorio argentino más de 500 centros clandestinos de detención. Ello, según los informes de la Conadep (Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas) y los numerosos testimonios de los juicios que se vienen desarrollando desde que se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003.
En Córdoba hubo varios, pero el más importante, por el que pasaron entre 2.000 y 2.500 detenidos, fue "La Perla", un establecimiento militar ubicado en la ruta 20, entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz, frente a la localidad de Malagueño.
El jefe político de ese centro y de todos los que funcionaron en Córdoba, fue el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y responsable del accionar represivo en nueve provincias argentinas.
Menéndez tiene ya seis condenas a prisión perpetua por igual cantidad de juicios en los que ha sido declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, tales como secuestros, privación ilegítima de la libertad, homicidios, desaparición de personas, tormentos, apropiación de bebés y supresión de identidad.
Megacausa
El juicio comenzará el próximo 27 de noviembre y por la envergadura del mismo, la cantidad de casos y de imputados, se calcula que puede tardar más de un año en dictar sentencia.
Esta megacausa es el resultado de la unificación de 16 causas correspondientes a unos 450 hechos de desaparición, torturas y asesinatos. Es probable que en el transcurso del juicio se incorporen otras causas con víctimas en La Perla, y eso puede llevar a que el número de casos supere los 500. Uno de ellos es el secuestro y desaparición de Silvina Orozco, hija de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, quien se encontraba embarazada al momento de su detención ilegal. Éste será el primer juicio por la desaparición de una mujer embarazada, y de su hijo presuntamente nacido en cautiverio que se realiza en Córdoba.
El Tribunal Oral Federal N° 1 será el encargado de esta causa, integrado por el juez Jaime Díaz Gavier, como presidente, y los camaristas Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu. Díaz Gavier formó parte del Tribunal que condenara por primera vez a Menéndez, en diciembre de 2008. El fiscal encargado de la acusación es Carlos Gonella, mientras que los acusados serán asistidos por defensores oficiales. La querella está a cargo de los abogados María López, Claudio Orosz (Hijos y Familiares de Desaparecidos) y María Elba Martínez, del Serpaj.
Espacio de la Memoria
La Perla, como centro de detención ilegal, se encontraba bajo el control operacional de la sección de Operaciones Especiales (OP3) del Departamento de Inteligencia 141 "General Iribarren", éste último dependiente del Batallón 601 de Inteligencia. Hoy La Perla ha sido recuperado por los organismos de Derechos Humanos, y funciona como Espacio de la Memoria, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, bajo la dirección de Emiliano Fessia, de la Agrupación Hijos de Córdoba.
Son 675 los testigos que declararán en esta causa, sobre hechos que sucedieron entre 1975 y 1978. La mayoría de los que prestarán testimonio, pasaron por ese centro de detención ilegal, por lo tanto no sólo son testigos, sino también víctimas.
Como tantos otros acusados en estos juicios por crímenes de lesa humanidad, cometidos hace más de 30 años, Menéndez seguirá el debate oral desde su detención en el hospital penitenciario de Ezeiza, donde se encuentra internado. Desde allí también sigue el juicio por la desaparición de dos sacerdotes, Carlos Murias y Gabriel Longueville, que se desarrolla en los Tribunales de La Rioja.
Interés especial
Aunque es el quinto juicio por estos delitos que se realiza en Córdoba, esta causa ha suscitado un interés especial por parte de los organismos de Derechos Humanos y quienes acompañan estos procesos. Es que desde hace muchos años se espera la realización del juicio oral por los crímenes cometidos en el más grande centro clandestino de detención en la provincia, que fue retrasado una y cien veces por las defensas interpuestas por los abogados de los acusados, muchas de ellas, verdaderas "chicanas" para entorpecer el accionar de la Justicia.
La última de esas maniobras fue la semana pasada, ante la Cámara Federal de Córdoba, por parte de los abogados de los acusados, en oportunidad de apelar sus procesamientos. La Cámara Federal, integrada por los magistrados Carlos Julio Lascano, Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobos, ratificó el procesamiento y giró el expediente al TOF 1, que puso fecha al juicio para el 27 de noviembre próximo.
En esa audiencia ante la Cámara, los abogados defensores de los imputados sostuvieron los conocidos argumentos de los represores: que las víctimas no eran tales sino que eran "combatientes" porque hubo una guerra; en consecuencia, no debían ser juzgados por la Justicia Federal sino que corresponde la aplicación del Estatuto de Roma.
Todas esas argumentaciones han sido rebatidas, una y otra vez, en los juicios que se realizaron y se siguen haciendo en todo el territorio argentino. En Córdoba, durante 2010, en el juicio por los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria N° 1, la cárcel de San Martín, se demostró la metodología llamada "ley de fugas", donde se asesinaba a detenidos políticos, y se informaba a las autoridades y a la población, que habían sido muertos "mientras intentaban escaparse". Los signos de torturas, los orificios de bala a poca distancia, las marcas de ataduras en manos y pies, etc., fueron algunas de las pruebas de esa mentira.
Otras causa
Mientras se espera el inicio del juicio por La Perla, avanza otra causa importante contra ex jueces y funcionarios judiciales acusados de complicidad con la represión ilegal de la dictadura. El juez de La Rioja, Horacio Piedrabuena confirmó el procesamiento de Carlos Otero Alvarez, ex secretario y luego camarista federal; el ex fiscal federal Antonio Cornejo y el ex juez federal Miguel Angel Puga, todos ellos forman parte de la "causa de los magistrados" en la Justicia Federal de Córdoba. Aunque dos ex magistrados fueron absueltos por falta de mérito, la complicidad de la Justicia con los crímenes de la dictadura, en Córdoba, va quedando clara como el agua.
No hay comentarios:
Publicar un comentario