Francisco
reforma el código penal
de la Santa Sede y del Vaticano
Especifica delitos contra menores, relacionados con la venta, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, tenencia de material de pornografía infantil
El Papa Francisco ha publicado un 'Motu Proprio' por el que elimina la cadena perpetua en el Vaticano, que es sustituida por una pena máxima de 30 a 35 años, según ha informado este jueves la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
En el mismo documento, el Pontífice modifica el artículo 116 del Código Penal, relativo a 'Delitos contra la patria', para reformular y configurar los delitos de sustracción, robo de documentos reservados y divulgación de noticias, para los que fija una pena de 6 meses a dos años, en casos leves, y de cuatro a ocho en casos más graves.
De este modo, el Pontífice ha llevado a cabo con este texto modificaciones en materia administrativa y penal, que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre.
Así, introduce un sistema de sanciones a cargo de las personas jurídicas "por todos los casos en que se realicen actividades criminales cometidas de los órganos o empleados, establecen responsabilidad directa con sanciones de inhabilitación y multa".
Además, especifica en la ley complementaria penal, de acuerdo a la Convención de la Tutela de Menores, delitos contra menores, relacionados con la venta, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, tenencia de material de pornografía infantil y abusos sexuales contra menores".
(RD/Ep)
La noticia en Radio vaticano
(RV).-
«En nuestro tiempo, el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, el uso indebido de las condiciones económicas y del mercado, así como el terrorismo». Así empieza la Carta Apostólica del Papa Francisco en forma de Motu Proprio en materia penal, para luego añadir: «Por tanto, es necesario que la comunidad internacional adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la criminalidad, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal.
La Santa Sede, actuando también en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, en la ratificación de numerosas convenciones internacionales en este ámbito, siempre ha afirmado que estos acuerdos constituyen los medios para una aplicación efectiva de las actividades delictivas que amenazan la dignidad humana y el bien común y la paz».
En la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se llevó a cabo la conferencia de presentación de las nuevas leyes en materia penal - enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal - y de sanciones administrativas para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Con la intervención del Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano.
"En la fecha de hoy, el Santo Padre Francisco adoptó un Motu Proprio en materia penal". Destaca, en el primero de sus once puntos, un Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, añadiendo que, también en esta la misma fecha, la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha aprobado las siguientes tres leyes:
- la ley n. VIII, que establece "Normas complementarias en materia penal";
- la ley n. IX, que establece "Enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal";
- la ley n. X que establece "Normas generales para las sanciones administrativas".
Explicando - en el punto 2 - que "el Motu Proprio tiene el objetivo de extender la aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano también al ámbito de la Santa Sede", el Comunicado de Prensa añade - en el punto 3 - que "las leyes penales adoptadas hoy prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano, en continuidad con las acciones emprendidas, a partir del año 2010, durante el pontificado del Papa Benedicto XVI".
El punto 4 señala que "Las mismas leyes tienen también contenidos aún más amplios, proveyendo la actuación de múltiples Convenciones internacionales, entre ellas podemos recordar: las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra de los crímenes de guerra; y la Convención Internacional de 1965 sobre la Eliminación de toda formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la tortura y otras penas, y tratos crueles, inhumanos y degradantes; la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos del año 2000".
"En este ámbito - se lee en el punto 5 del Comunicado - hay que señalar la introducción ya producida del delito de tortura y la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores (entre los cuales se señalan: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con menores).
"También se han introducido figuras criminosas relativas a los delitos de lesa humanidad, a los que se dedica un título aparte - apunta el punto 6, añadiendo que - se ha previsto, entre otras cosas, la pena específica de delitos como el genocidio y el apartheid, en el sentido de lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 1998; así como se ha revisado el título sobre los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción. Desde el punto de vista de las sanciones, además, se decidió abolir la pena de cadena perpetua, reemplazándola con la pena de prisión de 30 a 35 años".
"De acuerdo con las últimas directrices en ámbito internacional - explica el punto 7 - se ha introducido también un sistema de sanciones a cargo de las personas jurídicas, en todos los casos en que éstas aprovechen de actividades criminosas cometidas por sus órganos o dependientes, estableciendo en ellas una responsabilidad directa con sanciones de interdicción y pecuniarias".
"En cuanto a las disposiciones de procedimiento penal se han introducido los principios generales de un juicio justo en un plazo razonable y la presunción de inocencia del imputado - se lee en el punto 8, que explica asimismo que "se han potenciado los poderes cautelares a disposición de la Autoridad judicial (con la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la introducción del bloqueo preventivo de bienes)
El punto 9 destaca que "un sector muy importante de la reforma concierne a la reformulación de la normativa relativa a la cooperación judicial internacional, de antigua fecha, con la adopción de medidas de cooperación adecuadas alas convenciones internacionales más recientes".
El penúltimo punto, el n 10 señala que "la ley en materia de sanciones administrativas tiene carácter de normativa general, al servicio de disciplinas particulares que, en las distintas materias, preverán sanciones destinadas a favorecer la eficacia y el respeto de normas para la tutela de los intereses públicos".
Y en el último punto, el 11 se lee que "estas intervenciones normativas se colocan en la dirección de una actualización destinada a dar mayor sistematismo y completar el sistema normativo vaticano".
Texto íntegro
CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE "MOTU PROPRIO" SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO EN MATERIA PENAL
En nuestro tiempo, el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia transnacional y organizada, por el uso indebido del mercado y de la economía, así como el terrorismo.
Por tanto, es necesario que la comunidad internacional adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la delincuencia, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal.
La Santa Sede, actuando también en nombre y en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, en ratificación de varios convenios internacionales sobre la materia, ha afirmado siempre que estos acuerdos constituyen medios para un efectivo combate contra las actividades delictivas que amenazan la dignidad humana, el bien común y la paz.
Deseando ahora reafirmar el compromiso de la Santa Sede para cooperar con estos fines, con la presente Carta Apostólica en forma de Motu Proprio dispongo que:
1 Los órganos judiciales competentes del Estado de la Ciudad del Vaticano ejercen también la jurisdicción penal en orden de:
a) los delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales o el patrimonio de la Santa Sede;
b) los delitos que se indican:
- en la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. VIII, del 11 de julio 2013 por la que se establecen las normas complementarias en materia penal;
- en la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. IX, del 11 de julio 2013 por la que se establecen las enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal; cometidos por las personas mencionadas en el apartado 3, en relación con el desempeño de sus funciones;
c) cualquier otro delito cuyo castigo es requerido por un acuerdo internacional ratificado por la Santa Sede, si el autor se encuentra en el Estado de la Ciudad del Vaticano y no es extraditado al extranjero.
2. Los delitos mencionados en el apartado 1 serán juzgados de acuerdo a la legislación vigente del Estado de la Ciudad del Vaticano en el momento de su comisión, sin perjuicio de los principios generales del ordenamiento jurídico en relación con la aplicación de la ley penal en el tiempo.
3. A los efectos de la ley penal del Vaticano son tratados como "funcionarios públicos":
a) los miembros, los funcionarios y empleados de los distintos organismos de la Curia Romana y de las instituciones vinculadas a ella;
b) los legados papales y el personal con rol diplomático de la Santa Sede;
c) las personas que revisten funciones de representación, de administración o de gestión, así como los que ejercen, incluso de facto, la gestión y el control, de las entidades que dependen directamente de la Santa Sede e inscrito en el registro de las personas jurídicas canónicas que se tiene en la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano;
d) cualquier otra persona titular que tenga un mandato judicial o administrativo en la Santa Sede, con carácter permanente o temporal, remunerado o gratuito, cualquiera que sea su nivel jerárquico.
4. La jurisdicción a la que se refiere el apartado 1 se aplicará también a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas resultantes de la infracción, que se rige por las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano.
5. Si el mismo delito se comete en otros estados, se aplican las normas relativas a la competencia en vigor en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
6. Se mantiene lo dispuesto en el art. 23 de la Ley n. CXIX del 21 de noviembre de 1987, que aprueba el Ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esto decido y establezco, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario.
Decreto que la presente Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sea promulgada mediante la publicación en L'Osservatore Romano, y entre en vigor el 1 de septiembre de 2013.
Dado en Roma, en el Palacio Apostólico, el 11 de julio de 2013, el primero de mi Pontificado.
FRANCISCO
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