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Pastoral del Pueblo de la Calle sigue casos de exterminio de habitantes de la calle y pide protección e investigación

Tatiana Félix

Desde agosto de 2012 que los/las habitantes de la calle han sido blanco de ataques y muertes en la ciudad de Goiania, capital de Goiás, en el Centro-Oeste de Brasil. Por lo menos 30 personas en estas condiciones ya fueron asesinadas en la ciudad, desde agosto hasta ahora, sin que una acción concreta por parte de las autoridades policiales y estaduales impidiera la ocurrencia de estos delitos. Solamente el asesinato a palazos de un adolescente de 11 años hace casi un mes, llamó la atención de las autoridades federales que enviaron un equipo de coordinadores vinculados a los Derechos Humanos para investigar la ola de homicidios que hay en la región. 

En la ocasión, la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, declaró que la situación se escapó al control del estado de Goiás, por eso, el procurador general de la República en Goiás, Roberto Gurgel, anunció que, con el aval de la ministra, pediría la federalización de los delitos. María do Rosario también habló sobre la desaparición de cerca de 130 personas y manifestó sus sospechas sobre el accionar de grupos de exterminio. Todo indica que hay acción de grupos de exterminio con participación policial y deudas por tráfico de drogas.

Pasado ya casi un mes de las medidas iniciadas por el gobierno federal, Cristina Bové, integrante de la coordinación de la Pastoral Nacional del Pueblo de la Calle, dijo que la entidad está siguiendo el desarrollo de las acciones. Según ella, la Pastoral ha acompañado el caso por dos frentes: mientras una comisión acompaña el proceso de las políticas para la población de calle, otro equipo de la Pastoral en Goiania sigue de cerca la situación de los habitantes, denunciando y acompañando el proceso de investigación.

Según ella, en los últimos días la guardia metropolitana y la policía militar han estado más activos para garantizar la seguridad de los/las habitantes de calle. También el gobierno municipal de Goiania se comprometió, de acuerdo con Cristina, a agilizar y adecuar el servicio de atención a esa población. "Lo que se quiere es proteger, y por otro lado investigar estos delitos, pero también saber quiénes son los autores reales”, declaró.

Ante este cuadro, la Comisión Episcopal Pastoral para el Servicio de la Caridad, Justicia y Paz, la Regional Centro Oeste de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Arquidiócesis de Goiania manifestaron su repudio al exterminio de esta población, en una nota de solidaridad a los habitantes en situación de calle de Goiania, publicada el último día 17. En la ocasión, ellos pidieron que los poderes públicos municipal, estadual y federal tomasen "medidas urgentes” para restablecer "la paz y la seguridad para los habitantes de calle”, y que la ola de homicidios fuese investigada y federalizada "inmediatamente”.

Las entidades eclesiales también pidieron que el Estado de Goiás y el Gobierno Municipal de Goiania se responsabilicen por las muertes y creen albergues con carácter de urgencia para dar seguridad a los habitantes en situación de calle. Para seguir el proceso de las acciones, pidieron que los resultados de las investigaciones se difundan públicamente por los medios de comunicación.