Economía verde, economía inclusiva
Frei Betto
El documento de la ONU para Rio+20 contenía de positivo el reconocimiento de que la crisis actual es estructural, trasciende los aspectos económicos y financieros, y acontece debido al agotamiento y las debilidades del actual modelo capitalista de desarrollo.
Aunque el diagnóstico era correcto, la medicación agrava el estado del enfermo: la economía verde.
Esta economía no escapa del paradigma neoliberal de mercantilización de los recursos naturales. Al tener que escoger, opta por el capital privado.
La economía inclusiva o sustentable trata de atender a las necesidades y derechos de todos los seres humanos; promueve la distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades para la generación de la renta y el acceso a los bienes y servicios públicos; y de esa forma asegura condiciones de vida digna a toda la población, erradicando la pobreza y reduciendo las desigualdades sociales.
La crisis actual es un momento privilegiado para avanzar en la transición hacia nuevos modelos de gobierno, capaces de redireccionar los diversos capitales para la creación de oportunidades de negocios y empleos que representen alternativas de desarrollo sustentable y sustentado.
Frente a esta perspectiva el Instituto Ethos propone Compromisos de acción, entre los cuales hay que destacar: buscar la ecoefectividad de nuestras actividades, por medio de la reducción del consumo total y de la intensidad de los insumos (tales como el agua y la energía); reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar sus efectos ya inevitables; invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, productos y modelos de negocio regidos por los principios de sustentabilidad.
Propone también el desarrollo territorial sustentable, contribuyendo a erradicar la miseria y la pobreza; trabajar por una economía al servicio del desarrollo humano; implementar políticas y acciones en las empresas y cadenas de producción, mirando por el desarrollo del capital humano y social, con énfasis equivalente al aplicado a los capitales económico y financiero, y la reducción de las desigualdades de oportunidades y de remuneración por razón del origen social, racial, étnico, generacional o de género.
Eso requiere mejorar la gobernabilidad y la promoción de la transparencia e integridad, además del compromiso de trabajar por la erradicación de la corrupción y por el establecimiento de nuevas arquitecturas institucionales que apuesten por la participación plural de los diversos actores sociales.
Debe enfatizarse la importancia del perfeccionamiento de los mecanismos de promoción de la integridad y de la transparencia de los procesos de planificación, decisión y operación, públicos y privados, y empeñarse en el perfeccionamiento del sistema político y de la democracia.
Es preciso contribuir también con conocimientos y competencias de manera que se mejoren las políticas públicas, así como fortalecer la gestión pública y de los mecanismos de control y participación social, y también ejercer una ciudadanía activa y fiscalizadora tanto en los procesos electorales como durante los mandatos electivos.
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