Los niños condenados de Bouwer
Duele e indigna que la Municipalidad de Córdoba, Cormecor y hasta el propio gobernador José Manuel de la Sota designaran el terreno a expropiar para el nuevo vertedero de basura, sin tener en cuenta la gente que vive en Potrero del Estado y los 71 niños que asisten a la escuela primaria Cornelio Saavedra. Reprodujeron así la misma torpeza del equipo técnico del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba, ISEA, que consideró a esa zona –incluida la escuela- como "óptima" para el nuevo vertedero tras omitir que también seguían actuando allí, negativamente, el antiguo vertedero y otras fuentes de contaminación. La escuela provincial Cornelio Saavedra está junto a la Ruta 36, poco antes del cruce con el camino vecinal a Bouwer. No es invisible ni pequeña. Allí más de 70 niños con guardapolvos blancos asisten a clase y juegan en los recreos. Sus gritos de alegría se renuevan de lunes a viernes ante la mirada atenta de las maestras, quienes reciben un plus en sus sueldos por zona desfavorable (código 8460). A solo 230 metros de la escuela empiezan las fosas sin membrana del vertedero que operó la Municipalidad de Córdoba, donde se enterraron más de 12 millones de toneladas de basura hasta su cierre el 1 de abril de 2010. En un acto de absoluta irresponsabilidad ya pasaron casi tres años sin que la municipalidad capitalina remedie el predio. Los niños de la escuela están expuestos todos los días a los gases que emanan de las nueve fosas, y de la montaña de basura ubicada encima de la fosa 9. Esos gases totales contienen una fracción de Compuestos Orgánicos No Metánicos (CONM) que incluyen sustancias tóxicas y cancerígenas. Tales gases siguen escapando sin tratamiento mientras los líquidos contaminados del vertedero (lixiviados) también degradan libremente el suelo y las aguas subterráneas.
La Municipalidad de Córdoba y Cormecor no reconocen públicamente que estudios realizados en los vertederos de muchos países confirmaron estadísticamente que el número de personas enfermas crece a medida que viven más cerca de los enterramientos sanitarios.
Los funcionarios también callan que en Bouwer la mortalidad infantil duplica la media provincial, y que la mortalidad perinatal es 2,5 veces más alta que el promedio de la provincia (2000-2012). Su silencio va sin embargo más allá. En un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de la ciudad de Córdoba existen 3 localidades, Bouwer, Malvinas Argentinas y Estación Juárez Celman, que tienen los peores indicadores socioeconómicos y el peor acceso a los sistemas de salud. La Municipalidad de Córdoba recién recordó que debía hacer remediación cuando le sobró tierra en el actual vertedero de Piedra Blanca y necesito deshacerse de ella, llevándola a Bouwer. Pero esto no es remediación. La remediación "en serio" requiere estudio de impacto ambiental y audiencia pública previos. Nada de esto se hizo.
También existen cerca de la escuela los restos de un incinerador de residuos patógenos que funcionó hasta diciembre de 2008, y una fosa con residuos industriales de una empresa automotriz, ninguno de los cuales fue remediado.
¿Cómo pudieron el gobernador, la Municipalidad de Córdoba y Cormecor designar como nuevo lugar para el vertedero regional un terreno que está a solamente 800 metros de la escuela Cornelio Saavedra y a menos de 200 metros de los hogares de muchos de sus alumnos? ¿Por qué decidieron transformar a los habitantes de Potrero del Estado-Bouwer en zona de sacrificio ambiental y de sacrificio sanitario, violando además la normativa vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental?
Está claro que no les importó. Los niños con sus guardapolvos blancos no protestan ni votan, ni saben que para los gobiernos de las grandes ciudades la basura debe enterrarse lejos, y si se hace en otra jurisdicción, mejor.
Ahora un nuevo elemento, esta vez judicial, torna aun más incomprensible la calificación de óptima decidida por investigadores del ISEA. La justicia provincial de Alta Gracia emplazo a la Municipalidad de Córdoba y a la provincia para que remedien el predio de Potrero del Estado, y se capten y traten los gases y los lixiviados que allí se producen. La Jueza María Graciela Vigilanti tomo esta decisión tras recorrer la zona, y observar personalmente que la actual situación ambiental es insostenible. La causa fue iniciada por los vecinos de Bouwer, FUNAM y el Club de Derecho.
¿Por qué la jueza en una sola visita pudo detectar lo que allí sucedía, y el equipo de investigación del ISEA no lo vio? Porque la jueza estuvo en la zona y habló con los vecinos, mientras que los investigadores, en cambio, no estuvieron allí ni escucharon a los afectados. Aunque su estudio involucraba a personas, optaron por hacer mero trabajo de escritorio con datos provistos por el propio Estado que los contrató.
¿Es justo que los funcionarios municipales y algunos investigadores del ISEA les digan "técnicamente" a los habitantes de Bouwer que pese a sus enfermedades, alta mortalidad infantil y fuentes contaminantes sin remediar, su lugar de vida es óptimo para recibir la futura basura de un millón y medio de personas? Sin tener suficientes elementos técnicos, con escasa buena ciencia y nada de sensibilidad social volvieron a condenar a las actuales y futuras generaciones de pobladores de Bouwer. Pretenden que además de soportar el vertedero cerrado y todavía sin remediar, convivan en los próximos 30 años con otras 24 millones de toneladas de basura. Todo parece indicar que la salud de los niños que asisten a la escuela Cornelio Saavedra vale menos que la decisión municipal de sacarse de encima la basura y que la firma de un contrato de consultor í a por medio millón de pesos.
Raúl A. Montenegro es Biólogo, profesor de la UNC y de la Universidad de Franche-Comte en Francia. Premio Nóbel Alternativo 2004.
La Municipalidad de Córdoba y Cormecor no reconocen públicamente que estudios realizados en los vertederos de muchos países confirmaron estadísticamente que el número de personas enfermas crece a medida que viven más cerca de los enterramientos sanitarios.
Los funcionarios también callan que en Bouwer la mortalidad infantil duplica la media provincial, y que la mortalidad perinatal es 2,5 veces más alta que el promedio de la provincia (2000-2012). Su silencio va sin embargo más allá. En un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de la ciudad de Córdoba existen 3 localidades, Bouwer, Malvinas Argentinas y Estación Juárez Celman, que tienen los peores indicadores socioeconómicos y el peor acceso a los sistemas de salud. La Municipalidad de Córdoba recién recordó que debía hacer remediación cuando le sobró tierra en el actual vertedero de Piedra Blanca y necesito deshacerse de ella, llevándola a Bouwer. Pero esto no es remediación. La remediación "en serio" requiere estudio de impacto ambiental y audiencia pública previos. Nada de esto se hizo.
También existen cerca de la escuela los restos de un incinerador de residuos patógenos que funcionó hasta diciembre de 2008, y una fosa con residuos industriales de una empresa automotriz, ninguno de los cuales fue remediado.
¿Cómo pudieron el gobernador, la Municipalidad de Córdoba y Cormecor designar como nuevo lugar para el vertedero regional un terreno que está a solamente 800 metros de la escuela Cornelio Saavedra y a menos de 200 metros de los hogares de muchos de sus alumnos? ¿Por qué decidieron transformar a los habitantes de Potrero del Estado-Bouwer en zona de sacrificio ambiental y de sacrificio sanitario, violando además la normativa vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental?
Está claro que no les importó. Los niños con sus guardapolvos blancos no protestan ni votan, ni saben que para los gobiernos de las grandes ciudades la basura debe enterrarse lejos, y si se hace en otra jurisdicción, mejor.
Ahora un nuevo elemento, esta vez judicial, torna aun más incomprensible la calificación de óptima decidida por investigadores del ISEA. La justicia provincial de Alta Gracia emplazo a la Municipalidad de Córdoba y a la provincia para que remedien el predio de Potrero del Estado, y se capten y traten los gases y los lixiviados que allí se producen. La Jueza María Graciela Vigilanti tomo esta decisión tras recorrer la zona, y observar personalmente que la actual situación ambiental es insostenible. La causa fue iniciada por los vecinos de Bouwer, FUNAM y el Club de Derecho.
¿Por qué la jueza en una sola visita pudo detectar lo que allí sucedía, y el equipo de investigación del ISEA no lo vio? Porque la jueza estuvo en la zona y habló con los vecinos, mientras que los investigadores, en cambio, no estuvieron allí ni escucharon a los afectados. Aunque su estudio involucraba a personas, optaron por hacer mero trabajo de escritorio con datos provistos por el propio Estado que los contrató.
¿Es justo que los funcionarios municipales y algunos investigadores del ISEA les digan "técnicamente" a los habitantes de Bouwer que pese a sus enfermedades, alta mortalidad infantil y fuentes contaminantes sin remediar, su lugar de vida es óptimo para recibir la futura basura de un millón y medio de personas? Sin tener suficientes elementos técnicos, con escasa buena ciencia y nada de sensibilidad social volvieron a condenar a las actuales y futuras generaciones de pobladores de Bouwer. Pretenden que además de soportar el vertedero cerrado y todavía sin remediar, convivan en los próximos 30 años con otras 24 millones de toneladas de basura. Todo parece indicar que la salud de los niños que asisten a la escuela Cornelio Saavedra vale menos que la decisión municipal de sacarse de encima la basura y que la firma de un contrato de consultor í a por medio millón de pesos.
Raúl A. Montenegro es Biólogo, profesor de la UNC y de la Universidad de Franche-Comte en Francia. Premio Nóbel Alternativo 2004.
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