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Comunicado de la Diócesis de San Marcos ante la creciente ola de violencia

Pbro. Antonio Calderón Cruz

"Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5, 6)

La Diócesis de San Marcos, motivados por el anuncio del Evangelio de Jesucristo el Señor a todos los pueblos, y convencidos por el servicio en la construcción del Reino de Dios, ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el Departamento de San Marcos, a la opinión pública, nacional e internacional, hacemos saber:

HECHOS Y ANALISIS

Vemos que en San Marcos, como en el resto del país, la población vive una realidad muy difícil, pues las causas estructurales de la pobreza no han sido atendidas por el Estado, más bien este se hace ausente cada vez más. Esta situación se expresa en los siguientes hechos significativos: 

- La población, mayoritariamente pobre, ha quedado en medio de dos situaciones: por un lado, sufriendo los impactos negativos del modelo neoliberal, que privilegia los proyectos transnacionales como la minería extractiva de metales y las hidroeléctricas, que le tiene sumida en pobreza extrema; y por el otro, es criminalizada cuando exige sus derechos, mientras que los actores de poder siguen cubiertos por el manto de la impunidad. 

- La criminalización de que están siendo objeto organizaciones sociales y líderes comunitarios, que han denunciado las injusticias de que está siendo objeto la población, en temas como la salud, la educación, los servicios públicos, el medio ambiente, la seguridad y la justicia. 

- La situación de inseguridad que vive la población, que está siendo objeto de extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte de grupos criminales. 

-El actuar del crimen organizado y el narcotráfico, para realizar actividades al margen de la ley. 

- La situación del contrabando que crece muchas veces ante la complicidad de las autoridades, como es el caso del combustible que se vende fuera de los expendios normales. 

- El plan de instalar destacamentos militares en varios municipios de nuestro departamento, bajo el pretexto de brindar seguridad a la ciudadanía. 

NUESTRA VISION 

Iluminados por el Evangelio de Jesucristo el Señor, y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, queremos que todos tengan vida, y vida en plenitud (Cfr. Jn 10, 10). Por lo tanto, es un imperativo de todo cristiano el cuidar, valorar y defender la vida, la dignidad de la persona, y el bien común de todos los pueblos. Por ello: 

- Nos solidarizamos con las víctimas de esta creciente violencia que se hace presente, sobre todo, en los más débiles e indefensos. 

- Vemos con suma preocupación las diferentes fases por las que han ido transitando el Estado guatemalteco, específicamente en su responsabilidad con respecto a la gobernabilidad y la seguridad: 

Primero, un Estado ausente para cumplir sus obligaciones en gobernabilidad, justicia y seguridad. Segundo, un Estado débil, que ha cedido ante grupos del crimen organizado. Tercero, un Estado fallido, donde estos grupos al margen de la ley, han ido tomado el control de la situación. Cuarto, un Estado represor, que utiliza la fuerza militar y las juntas de seguridad ciudadana, como órganos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta última fase, nos causa mucha preocupación, pues ahora se sabe que la estrategia es instalar destacamentos militares en Tacaná, Sibinal, Tajumulco y Tecún Umán, entre otros municipios, disposición que contraviene el papel del ejército en un Estado democrático, sobre todo por el rol que jugaron las fuerzas armadas en el pasado reciente, como por ejemplo las masacres, secuestros o desapariciones forzadas que se atribuye a algunos miembros del ejército en el pasado.

-Aunado a lo anterior, desde hace algún tiempo, hemos señalado el error que las instancias responsables de la seguridad ciudadana han venido cometiendo, al trasladar su responsabilidad a organizaciones de vecinos que ni están capacitados, ni tienen como función llevar a cabo estas acciones. 

- Conocemos a la mayoría de las personas de las comunidades y sabemos que gran parte de la población es gente trabajadora y amante de la paz, que se esfuerzan día a día por mejorar sus condiciones de vida. 

- La justicia no debe hacer distinción de posición social, económica o de clase, pues ante la ley todos debemos ser iguales. La seguridad no debe reducirse a la militarización, pues hay que entenderla en sus múltiples dimensiones. 

- El papel de los medios de comunicación es el de informar verazmente de los acontecimientos que se dan. La imparcialidad es fundamental para no tergiversar los hechos y confundir de esa manera a la población y a la opinión pública, pudiendo generar escenarios de mayor conflictividad. 

NUESTRAS EXIGENCIAS

La urgencia de trabajar por la paz y la justicia, en la que debemos estar empeñados todos los miembros de la sociedad guatemalteca, nos apremia a exigir lo siguiente: 

- A las diferentes instancias del Estado, para que atiendan y resuelvan las justas demandas que la población está planteando. 

- Que las instancias del Estado, responsables de investigar, juzgar y sentenciar a quienes actúan al margen de la ley, lo realicen apegadas a la ley y sin atropellos a los más elementales derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades que luchan por tener una vida digna. 

-Es urgente que los temas de seguridad y justicia sean priorizados por el Estado; esto debe traducirse no en millonarias campañas publicitarias ni persecuciones a líderes comunitarios, ni la militarización de las regiones, sino más bien en planes de mediano y largo plazo que vengan a fortalecer técnica y financieramente a las entidades responsables, especialmente la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los juzgados de paz, para que puedan cumplir con sus funciones. 

- Antes de emitir alguna opinión pública, los funcionarios deben estar seguros de cuanto afirman y contar con pruebas antes de emitir acusaciones, y en ningún modo atribuir responsabilidad a toda una población, que más bien se siente agredida en sus derechos y dignidad. Pues el principio de inocencia debe prevalecer como un derecho fundamental de toda persona. 

- Finalmente, hacemos un llamado a toda la población, para que siga exigiendo sus justas demandas, basándose en el principio del respeto a la ley y no se dejen manipular por personas u organizaciones que no representan sus legítimas exigencias. 

Exhortamos a todos, los gobernantes y gobernados, a que sigamos la ruta trazada en los Acuerdos de Paz, que nos marcan el camino para construir una Guatemala distinta; más fraterna, más humana, más solidaria, más justa.

San Marcos, junio 22 de 2013.