domingo, 22 de mayo de 2016

Non solo Camilo Torres. Justica también para el obispo asesinado por la guerrilla

Monseñor Jaramillo Monsalve, asesinado por el ELN en 1989
La tumba del obispo Jaramillo Monsalve en la catedral de Arauca. Foto Manuel Rodríguez

21/05/2016

Camilo Torres es el más famoso. Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, muerto en combate contra los militares colombianos en febrero de 1966. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve lo es mucho menos. Obispo de la diócesis colombiana de Arauca, fue asesinado en octubre de 1989 por el mismo movimiento guerrillero al que pertenecía el padre Torres. 

El caso del obispo Jaramillo Monsalve vuelve a la crónica colombiana en estos días, cuando en La Habana se están desarrollando las últimas e intensas negociaciones para llegar a la paz con las FARC. El ELN se mueve en la línea del desarme por un binario distinto, con tiempos presumiblemente más prolongados. El caso del obispo asesinado que ha vuelto a plantear la Fiscalía General de la Nación probablemente también servirá para presionar a los miembros más reticentes de la segunda guerrilla del país. Pero hay además otra razón por la cual el caso ha vuelto a adquirir notoriedad. La Iglesia Católica colombiana quiere llevarlo a los altares. La diócesis de la que fue responsable y la comunidad a la que pertenecía están reuniendo fondos para pagar el trabajo de los especialistas que deben recopilar toda la documentación del caso y enviarla al Vaticano, según los procedimientos establecidos. 

Un mártir víctima del ejército, otro víctima de la guerrilla, a manos del Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, inspirado en una visión particularmente dogmática del marxismo. Este caso recuerda el de los tres beatos asesinados en Perú por Sendero Luminoso, la guerrilla campesina y filomaoista de Abimael Guzmán, que precisamente elevó a los altares el mismo Papa Francisco el 5 de diciembre del año pasado en Chimbote, Perú. 

La Justicia colombiana aparentemente tampoco tiene intenciones de archivar el caso de la ejecución del obispo de Arauca después de 27 años, porque considera que es un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe, según las leyes internacionales aceptadas por Colombia en esta materia. El 31 de mayo se llevará a cabo la audiencia, aunque los culpables materiales todavía no fueron identificados. Se sabe que 19 años después de ser nombrado obispo de la atormentada provincia en la frontera con Venezuela (1970), un fatídico 2 de octubre de 1989 el prelado –de 72 años- estaba viajando con otros tres sacerdotes, un seminarista y la secretaria de la diócesis. El grupo de religiosos fue detenido por tres guerrilleros a los que poco después se unieron otros ocho. Uno de los tres sacerdotes, el padre Elmer Muñoz, al que habían retenido junto con Jaramillo, fue dejado en libertad ese mismo día y le dijeron que querían enviar un mensaje al gobierno por intermedio del obispo. Posteriormente el sacerdote declaró que en ese momento no hubiera podido imaginar que la buena relación del obispo con los militares le costaría la vida, aunque monseñor Jaramillo le pidió la confesión recíproca. Al día siguiente volvió al lugar con algunos campesinos de la zona y encontró el cuerpo del obispo de Arauca con la cabeza desfigurada por siete disparos de fusil y fracturas y heridas en los brazos que demostraban que había sido torturado. El cadáver había sido despojado del anillo y de la cruz episcopales. 
Mons. Jaramillo ya había recibido amenazas por el trabajo que llevaba a cabo en las zonas más pobres de la provincia y por su relación con los militares. Desde el primer momento la agrupación guerrillera aceptó que era responsable de su muerte. El jesuita Javier Giraldo escribió un libro titulado “Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida”, donde afirma que miembros del ELN divulgaron un comunicado en el boletín “Liberación” donde anunciaban que “Determinamos el ajusticiamiento del obispo Jesús Emilio Jaramillo por delitos contra la revolución”. Lo acusaron de formar parte “del sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica colombiana” y de penetrar ideológicamente los programas de educación en colaboración con el Ejército. El ELN tampoco le “perdonó” que “camuflada o abiertamente” se pronunciara “contra la organización, contra la revolución y contra el comunismo” ni su “descarada utilización de su investidura e influencia ideológica en defensa de los militares”. 

Recientemente el ELN ha reivindicado ante la Iglesia colombiana la memoria y la dignidad sacerdotal de Camilo Torres. Debería entonces hacer otro tanto con la víctima de una “justicia revolucionaria” violenta y obtusa. 

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