PAPA ZORREGUIETA NO SERA INVITADO

Ausente con aviso

El 30 de abril de este año, Jorge “Coqui” Zorreguieta no podrá asistir a la ceremonia de coronación en la Nieuwe Kerk, la misma iglesia que no pudo pisar cuando su hija Máxima contrajo matrimonio con el príncipe Guillermo Alejandro, en febrero de 2002. La televisión holandesa hizo trascender que la propia futura reina consorte informó al primer ministro Rutte acerca de la ausencia de su padre, vetado por el gobierno civil hace once años y presumiblemente factor de incomodidad todavía hoy, cuando sobre las espaldas del suegro real pesa, además de haber sido funcionario de la última dictadura militar, el hecho de que la Justicia lo esté investigando por su actuación entonces. Desde principios de este año, el juez federal Daniel Rafecas investiga una denuncia por complicidad civil con desapariciones y listas negras en el INTA que involucra al padre de la inminente futura reina de Holanda.

La causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los cuatro empleados del INTA desaparecidos señala el peso de la complicidad civil en la represión clandestina. Antes del golpe de 1976, el INTA contaba con 5000 trabajadores, casi 800 de ellos cesanteados durante la dictadura; entre ellos, además de los cuatro desaparecidos, hubo detenidos, obligados a renunciar, trasladados y asesinados. Las víctimas se presentaron en el juzgado de Rafecas para reclamar un análisis de lo ocurrido y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación de los civiles y la Sociedad Rural Argentina. La entidad agropecuaria, integrante del Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol importante en la depuración, que tuvo mayor impacto en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar.

Zorreguieta, subsecretario de Agricultura de la Nación entre 1976 y 1979, y secretario entre 1979 y 1981, ocupó espacios clave. Primero, desempeñó un puesto directivo en Coninagro, y había revistado en la Comisión Directiva de la Sociedad Rural cuando llegó a subsecretario de la mano del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. En 1981, el suegro del príncipe Guillermo elogió la gestión del empresario David Arias al frente del INTA.

En el otoño de 1976, tras esmeradas gestiones en la Sociedad Rural Argentina, Zorreguieta fue designado subsecretario de Agricultura de la Nación. Sin embargo, su nombramiento había sido más que cuestión de suerte. Durante esforzados ocho meses previos al golpe del 24 de marzo, “participó de varios de los encuentros clandestinos del denominado Club Azcuénaga, un grupo de militares y civiles de la derecha antiperonista, encabezado por el carismático general Federico de Alzaga, que se reunía en una casona de la calle Azcuénaga para conspirar contra la presidenta María Estela Martínez de Perón y elaborar el plan económico del futuro gobierno de facto”, tal como reconstruyeron losperiodistas Gonzalo Alvarez Guerrero y Soledad Ferrari en su libro sobre la biografía de Máxima..

En carta a Michel Baud –que había sido contratado por el Estado holandés para investigar a Máxima antes del compromiso con el príncipe–, Zorreguieta negó la acusación. A él le escribió: “Debo dejar aclarado que no participé de ninguna manera en la preparación del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El programa económico del gobierno del Proceso fue formulado por un grupo de personas que se reunían en el llamado Club Azcuénaga, del cual yo no participaba. La parte correspondiente al Sector Agropecuario la redactó el doctor Mario Cadenas Madariaga...”. Sin embargo, escribieron los biógrafos de su hija, “su propio amigo Cadenas Madariaga lo desmiente: ‘No era el participante más activo, pero sorprendió con algunas de sus intervenciones’”.

Las acciones empresarias de desestabilización previas al golpe, en las cuales Zorreguieta fue un operador importante, incluyeron lockouts. Alvarez Guerrero y Ferrari detallaron que “en septiembre del ’75, justo cuando él asumía como director-secretario de la Sociedad Rural Argentina, las entidades del campo estuvieron once jornadas sin enviar carnes ni granos a los mercados. En octubre elevaron la apuesta con una huelga empresaria que duró dieciocho días. Zorreguieta también asistió a las reuniones de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), donde se encargó de articular ese espacio multisectorial y participó en la organización del paro empresario del 16 de febrero del ’76, que terminó de sellar la suerte del gobierno democrático”.

El 9 de abril de 1976, a tres semanas de sucedido el golpe, Zorreguieta juró como subsecretario de Agricultura; también asumió como presidente de la Junta Nacional de Granos. Zorreguieta mantenía diálogo fluido con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; fue él quien lo retuvo en el gobierno cuando su gestor, Cadenas Madariaga –hacedor, en 1978, del anuncio “construiremos una gran Nación, incluso si tenemos que oponernos a la gran mayoría de los argentinos”–, se alejó de la administración.

Entre 1979 y 1981, Zorreguieta se desempeñó como secretario de Agricultura. Desde su designación en el Estado, señaló Baud en su informe, “en un período saturado de declaraciones político-ideológicas y de posicionamientos políticos, Zorreguieta hablaba en público exclusivamente sobre cifras y datos técnicos”. De allí que, años después, negara todo conocimiento de la represión ilegal, los asesinatos, secuestros y campos de concentración que llevaba adelante la dictadura.

EL 30 DE ABRIL SERA REINA DE HOLANDA LUEGO DE LA ABDICACION DE BEATRIZ

Un trono para la princesa Máxima

Máxima Zorreguieta será reina consorte cuando su marido Guillermo sea el rey. La princesa anunció que su padre no asistirá a la ceremonia de coronación.

“Me parece que es un buen momento para dar este paso”, sentenció la reina Beatriz de Holanda, y anunció que abdicará en favor de su hijo Guillermo Alejandro de Orange-Nassau. Por ello, el 30 de abril, en la misma ceremonia durante la cual él será ungido rey, la argentina Máxima Zorreguieta se convertirá en reina del país que la reconoce como ciudadana desde 2001 y como esposa del –todavía– príncipe desde hace casi once años. En nombre de gobierno holandés, el primer ministro, Mark Rutte, recibió con beneplácito la novedad, y se manifestó “seguro de que el príncipe Guillermo Alejandro y la princesa Máxima cumplirán de forma exitosa sus nuevas funciones”. Por su parte, trascendió en medios holandeses que la ex alumna del Northlands que se convertirá en monarca habría comunicado a Rutte que ni su madre ni su padre, el ex funcionario de la última dictadura militar Jorge Zorreguieta, asistirán a la ceremonia de coronación. Zorreguieta padre está siendo investigado por su presunta complicidad con desapariciones y listas negras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En rigor de verdad, Máxima Zorreguieta, la economista nacida y criada en el Barrio Norte porteño, en Holanda no es considerada argentina desde 2001, cuando aceptó renunciar a su nacionalidad de origen para adoptar la del país donde nació su entonces prometido.

Máxima y el príncipe se habían conocido en 1999, durante una fiesta en la Feria de Sevilla. Ella, economista recibida en la Universidad Católica Argentina, estaba radicada en Nueva York, donde fungía como ejecutiva del Departamento de Ventas Institucionales para América latina de HSBC James Capel Inc. Poco después, cuando ocupaba un cargo similar en el Deutsche Bank, se comprometió con el heredero del trono naranja. Ese mismo año, 2001, se convirtió en ciudadana holandesa, condición sine qua non para volverse consorte de un integrante de la familia real.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro se casaron el 2 de febrero de 2002, durante una ceremonia a la cual el gobierno holandés evitó invitar al padre de la novia, luego de meses de debates por el rol que Jorge Zorreguieta había jugado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

La investigación sobre la familia de la novia del príncipe, que el gobierno holandés había encargado al especialista en política latinoamericana Michiel Baud, había generado una situación política tensa en el reino. Sin embargo, explicó Baud a este diario el día del casamiento, “el problema quedó concentrado” en “que el padre (de ella) no concurriera a la boda y que la hija rechazara al gobierno militar” durante el cual su padre fue funcionario. “Una y otra cosa ocurrieron”, dijo Baud. En marzo de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner recibió a la reina Beatriz de Holanda, su hijo el príncipe Guillermo y la –ya– princesa Máxima, en el marco de una visita oficial. Del encuentro, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, también tomó parte la entonces primera dama y senadora Cristina Fernández, con quien recorrieron una muestra sobre Ana Frank, complementada con una exhibición sobre derechos humanos en Argentina. La reina Beatriz se interesó especialmente por el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En la biografía de la princesa holando-argentina, los periodistas Gonzalo Alvarez Guerrero y Soledad Ferrari detallaron que la coronación del príncipe y Máxima será “durante una sesión pública y conjunta de los Estados Generales en Amsterdam”, en Nieuwe Kerk, la iglesia donde se casaron “y donde algún día también serán sepultados”

EL DICTADOR GUATEMALTECO ESTA ACUSADO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Mandan a juicio a Ríos Montt

El ex militar seguirá bajo arresto domiciliario, medida que cumple desde que el año pasado el Ministerio Público lo acusara de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas entre 1982 y 1983.

Un juez guatemalteco dispuso ayer el envío a juicio del dictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983. La decisión del magistrado Miguel Angel Gálvez alcanza también a Mauricio Rodríguez, quien por entonces se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército, y se basa en una acusación de la fiscalía que, además, rechaza la solicitud de la defensa para sobreseer y archivar el proceso.

Ríos Montt cumple arresto domiciliario desde enero de 2012, cuando fue acusado por el Ministerio Público de haber ordenado la ejecución de más de 1771 indígenas durante su régimen. Gálvez decidió que Ríos Montt continúe bajo arresto en su domicilio, y que Rodríguez permanezca recluido en el Hospital Militar, en donde desde mediados del año pasado es tratado por los supuestos padecimientos físicos que sufre. Gálvez dio valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de los ex altos cargos militares en la sangrienta represión militar de la que fueron víctimas los indígenas de la etnia Ixil.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez, y al concluir la diligencia se negaron a responder las preguntas de los periodistas. En su resolución, Gálvez señaló que para ambos ex militares “se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlos a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan”, por lo que no se hace lugar a la petición de la defensa. Asimismo, el magistrado advirtió que la resolución no modifica el actual status legal de los funcionarios sospechados y se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados. Posteriormente convocó a una nueva audiencia para hoy, en la que las partes procesales deberán presentar más pruebas al tribunal.

La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala colmada de representantes de sectores vinculados al proceso judicial. En el lugar estuvieron familiares y amigos de Ríos Montt y Rodríguez, también activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché, en los ’80. Antes de la audiencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a los periodistas que se encontraban en la sala que temía por la “presión mediática” nacional e internacional que podía haber sobre el juez Gálvez a favor del envío al juicio.

Para Palomo, si el juez era “objetivo y analiza los medios de prueba” debía sobreseer o archivar el proceso, reportó la agencia estatal AGN. Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios y dirigentes de organismos defensores de derechos humanos hicieron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del ejército.

Los dos ex militares se encuentran acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando vigente en el ejército, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. La semana pasada, se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.

Si se les aplican las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años. Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el ejército durante el conflicto interno de 36 años que padeció el país entre 1960 y 1996.

La Torá, el fuego y la responsabilidad

Al lamentable calor de lo acaecido en Brasil, sería auspicioso que volviéramos a revisar la conformación de nuestras responsabilidades. Marcelo Polakoff.

(Rabino, integrante del Comipaz).

No hace falta buscar ninguna cita para asegurar que todos somos –en última instancia– mutuamente responsables. Esta verdad de Perogrullo acerca del lazo que une todo lo que es puede en todo caso percibirse –al menos desde alguna concepción mística– a partir de los vínculos existentes entre las letras y las palabras.

No es muy sorpresiva esa idea, ya que tanto letras como palabras conforman el brebaje con el que (de acuerdo a la mayoría de las tradiciones religiosas) el universo fue llamado a la existencia.

Vale decir que el casi bicentenario descubrimiento filológico de la posibilidad de que el lenguaje –como tal– sea creador de mundos tiene antecedentes más que tres veces milenarios, al menos, dentro de la sabiduría judía.

“Garante” en hebreo se dice “ arev ”, un vocablo de tres letras que al entremezclarse de otro modo, dan lugar a “ voer ” cuyo significado es “arder, incinerar” (señalemos, de paso, que las vocales modificadas son secundarias, ya que el hebreo es un idioma consonántico).

¿Qué tenemos aquí entonces? Hasta el momento sólo algún dejo de contacto entre la raíz misma de la responsabilidad y la del fuego. No parece mucho. Sin embargo, no es poco asombroso que únicamente en dos ocasiones a lo largo de toda la Torá aparezca la mención de que algo “ voer ” está “ardiendo”.

La primera vez, cuando el Todopoderoso se le presenta a Moisés en el desierto, a través de una zarza ardiente. “Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Itró, su suegro, que era sacerdote de Midián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ‘¡Qué increíble! Me desviaré para ver por qué no se consume la zarza’. Cuando el Señor vio que Moisés se desvió a mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés, Moisés! –Aquí me tienes –respondió”. (Éxodo 3:1-4)

Es notable que el llamado divino a Moisés para convertirse en el líder del pueblo de Israel esté exclusivamente vinculado a que se “desvió” de lo que sería su camino normal. La tradición oral lo comprende enseguida al explicar que en realidad Moisés se desvió de sus ocupaciones para observar el sufrimiento de su pueblo esclavo, y que por ello mismo fue llamado por el Creador.

La segunda y última vez que aparece esta misma palabra es para describir que el Monte Sinaí “ardía” en llamas cuando estaban a punto de escucharse los mandamientos.

La maravilla de la Torá nos presenta en exclusiva el mismo verbo cuando se trata de comenzar a pactar quién será el líder del pueblo, y cómo esta nación en ciernes podrá eventualmente convertirse en un “reino de sacerdotes y pueblo sagrado” a partir del cumplimiento del propio pacto de Sinaí.

La asunción de la responsabilidad, el ser “ arev ” va a estar enlazada con un ardor (v oer ) especial y único.

Pero si avanzamos en este inédito escudriñar por lo que nos sugiere la aliteración de aquella raíz hebraica podremos también leer “ vier ” que implica “extirpar, eliminar” (algo que el fuego hace muy bien...). Y finalmente, leído como “ vear ”, será un sustantivo sinónimo de “burro, inculto, carente de razón”, la descripción ideal para alguien capaz de destrozar todo lo que tiene a su alcance, como consecuencia de su ausencia de conocimiento y de cuidado.

Al lamentable calor de lo acaecido en Brasil –esa monstruosa réplica de Cromañón–, sería auspicioso que volviéramos a revisar la conformación de nuestras responsabilidades

Martín Gelabert Ballester, OP 

¿Responde Dios a nuestras oraciones? 

“Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, y lo salva de sus angustias”. ¿Hasta qué punto estas palabras del salmo 33 son algo más que un deseo? ¿De verdad escucha Dios nuestras plegarias? Y, sobre todo, ¿qué experiencia tiene el ser humano de ser escuchado por Dios? Porque la evidencia es que, ante la plegaria humana, no hay más que silencio. ¿Será el silencio la respuesta de Dios a todas nuestras oraciones? ¿En qué consiste la experiencia de que nuestra oración es escuchada? Una forma de experimentar que nuestra oración es escuchada sería ver realizado aquello que pedimos. Pero, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, parece que los acontecimientos discurren del mismo modo con oración o sin ella.

¿Y si la experiencia de la escucha no consistiera en que acontece un cambio en los acontecimientos, sino un cambio en el orante? El solo hecho de poner nuestras necesidades en manos de Dios, el solo hecho de decirle a Dios lo mucho que lo necesitamos, es ya un modo de situarnos de otra manera ante la vida y sus circunstancias. Al orar con fe nos situamos delante de Dios y, al hacerlo, confiamos en que la muerte no tiene la última palabra. Porque, en realidad, lo que le pedimos a Dios a través de lo concreto y de lo urgente de una determinada situación, es la salvación. Es posible que la salvación esperada no se haga presente del modo cómo lo hemos pedido. Pero eso no quita que, al pedir, confiemos en el Dios de la salvación, un Dios que sólo quiere lo bueno para el ser humano. Y, por tanto, el pedir, si se hace con fe, siempre lleva implícito un “hágase tu voluntad”. No se trata de una fórmula de resignación, sino de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a nuestra vida, aunque a veces no comprendamos las extrañas maneras humanas en que esta voluntad se manifiesta.

Como muy bien ha escrito Juan Martín Velasco, “la oración de la fe transforma el horizonte de la experiencia en que se situaba la situación de necesidad; ésta se resitúa en un conjunto enteramente nuevo, incluso cuando la necesidad en sí misma se mantiene. Y su inclusión en el nuevo horizonte de la esperanza, el consuelo, la confianza y la alegría, la cambia por completo, incluso si se mantienen sus condiciones objetivas. De ahí que pueda decirse que no hay ninguna oración que no sea oída”.

Tercera semana del tiempo ordinario 

según el Ciclo C 

de José Luis Cortés 

(RD-Herder)

"Tenemos que estar orgullosos de ser pequeños, y tomar conciencia de que nuestra pequeñez es nuestra fuerza"

Jesús se encontró con pocos medios a su disposición para desarrollar su programa: no pudo contar con los suyos, los de Nazaret, donde se había criado (DOMINGO); 

ni pudo contar con los representantes religiosos, que lo acusaban de pactar con el diablo (LUNES: "Tiene dentro a Belcebú"); 

ni con sus propios familiares (MARTES: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?").

Naturalmente, tampoco con los ricos o los poderosos. 

Tuvo que crear una familia nueva y pequeña, como una semilla (MIÉRCOLES: "Salió el sembrador a sembrar"), para poner en marcha el reinado de Dios.

Los cristianos recibimos en su día una buena simiente, el Evangelio, que representa la base de nuestro programa de renovación; pero no sabemos hacerla fructificar ("Cayó en terreno pedregoso"); 

colocamos mal la luz (JUEVES: "Debajo de la cama"); 

desconfiamos de su potencialidad al verla tan pequeña y tan poca cosa (VIERNES: "Es la semilla más pequeña"). 

Y, sin embargo, lo pequeño encierra una enorme potencialidad como ese niñito que dio vida nueva a ancianos como Simeón y como Ana (SÁBADO).

El Reino no se hará efectivo mientras sigamos poniendo nuestra confianza en lo grandioso, lo multitudinario, lo poderoso, lo rico. de ahí no saldrá nada. Es lo pequeño lo que produce cambios. Tenemos que estar orgullosos de ser pequeños, y tomar conciencia de que nuestra pequeñez es nuestra fuerza.

Carta Abierta a la Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández

Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Varios autores/as

CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak

 Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

 Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom.

 Viernes 18 de enero de 2013

 Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

 Entre ellos, pueden citarse los casos de:

 * Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

 * Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.

 * Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

 * Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.

 * Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

 * Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

 * Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

 También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

 Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

 A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

 En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

 Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

 A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

 Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

 Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

 Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

 En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

 La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

 Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

 Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

 Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.

 También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

 Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

 Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:

 • Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.

 • Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.

 • Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.

 • Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

 La saludamos respetuosamente,

 1) Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 2) Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.

 3) Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 4) Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires.

 5) Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 6) Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 7) Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 8) Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.

 9) Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.

 10) Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 11) Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 12) Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.

 13) Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.

 14) Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.

 15) Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.

 16) Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 17) Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.

 18) Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

 19) Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.

 20) Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.

 21) Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.

 22) Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.

 23) Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.

 24) José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.

 25) María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.

 26) Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

 27) Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.

 28) Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro.

 29) Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo. 

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